Si cada argentino tuviera que aportar directamente para que el Gobierno cancele la deuda contraída a lo largo de tantos años probablemente tenga que reunir un monto equivalente a U$S 11.000 que, convertido al cambio oficial, representa poco más de $ 16 millones por cada habitante de esta bendita tierra. Claro está que los compromisos asumidos por el Estado no son directamente proporcionales a las exigencias de sus habitantes por brindar servicios regulares y de calidad. Detrás de la acumulación de tantos compromisos financieros no hay una justificación de que la obligación que se asumió se tradujo en inversiones para el desarrollo de un país. Esto lo plantea Héctor Luis Giuliano, un estudioso de la “Problemática de la Deuda Pública de la Argentina” y que la ha volcado en un compendio de 12 tomos. Tanta teoría sirve para ilustrar lo que ha sucedido con un endeudamiento que, según cálculos del experto, ronda los U$S 500.000 millones. “La Argentina se acostumbró a vivir bajo un esquema básico: la trampa de la deuda perpetua”, afirma el catedrático en una entrevista concedida a LA GACETA. Giuliano llegó a esta ciudad para dictar una serie de cursos sobre el origen y la evolución y proyecciones del endeudamiento argentino, organizada por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT). Esta es la charla con el experto.

-¿Cuán pesada es para la Argentina esa mochila llamada deuda externa?

-En términos numéricos, la deuda pública del Estado central es cercana a los U$S 500.000 millones. Las cifras actualizadas al 31 de mayo da una cuenta de U$S 495.500 millones. En lo que va de la administración del presidente Javier Milei, oficialmente, la deuda se ha incrementado en U$S 57.000 millones en dos años. En realidad, aquí se presenta una controversia porque falta incluir la capitalización de los intereses que pueden representar unos U$S 50.000 millones más. Por lo que se entiende que la deuda, bajo la gestión Milei, en estos dos años habría crecido en unos U$S 120.000 millones. Cabe aclarar que, bajo la última administración kirchnerista, de Alberto Fernández, la deuda se incrementó en más de U$S 100.000 millones, pese al discurso de desendeudamiento. Y bajo la administración de Mauricio Macri aumentó en U$S 83.000 millones. Entonces, vemos que todos los gobiernos se lamentan de la herencia recibida en materia de deuda, pero todos la incrementaron. Como habrá visto hace unos días, se formalizó la toma de un préstamo adicional por U$S 5.000 millones y por eso decía al principio que el endeudamiento estaba en aquellos U$S 500.000 millones en términos redondos.

-¿Esa cifra corresponde al total del endeudamiento del país?

-En esto cabe una aclaración. Lo que mencioné se refiere solo a la deuda del Estado central, sin tomar en cuenta la deuda de otros organismos del Estado, como el Banco Central o las provincias que, en su conjunto, el endeudamiento consolidado total ronda los U$S 27.000 millones. No se sabe cuál es la deuda de los municipios. Quiero decir que la deuda es un enorme interrogante, es lo que trato de esclarecer cada vez que brindo cursos. En la Argentina rige una regla maldita: todo lo verdaderamente importante es secreto y la deuda es lo más relevante en materia económico-financiera, ya que es el condicionante de todo. Imagínese que un país no puede vivir con una deuda de U$S 500.000 millones, en una situación en la que ni siquiera podemos pagar los intereses, mucho menos amortizar el capital. Si uno toma las cifras oficiales del Ministerio de Economía, la Argentina tendría que estar pagando intereses por unos U$S 45.000 millones.

-Un monto que equivale a un nivel de reservas brutas del Banco Central…

-Exacto. Más que el monto de aquellas reservas internacionales brutas, pese a que no son las verdaderamente disponibles, que son negativas, las netas, en una estimación que está cerca de los U$S 14.000 millones, porque el Gobierno no da información oficial al respecto. Esto que digo de la deuda con intereses devengados, responde a que las tasas son del 9,19% anual. Si la aplica, en promedio, le da la cifra de U$S 45.000 millones por intereses a pagar en un año. El Gobierno, con todo el esfuerzo del plan de ajuste, con todos los préstamos que se están tomando incluso para pagar intereses, no llega a pagar los U$S 11.000 millones. Entonces, estamos pagando menos de la cuarta parte de los intereses que le caen al país.

-¿Cómo se puede vivir con este escenario, de préstamos en préstamos, y un ajuste que no alcanza para cubrir los vencimientos?

-Eso es meter el dedo en la llaga que me ha llevado, por ejemplo, a elaborar 12 tomos en los que, desde hace años, vengo señalando un esquema básico: la trampa de la deuda perpetua. Esto, sea para una persona, para una familia, para una empresa o para un Estado, si tiene una deuda que asoma como impagable, está condenado a vivir refinanciándola. Eso es lo que hace el Gobierno y todos los que le precedieron. Todos se han lamentado de la herencia recibida. Si no puede pagar lo principal, ni el escalonamiento gradual del perfil de los vencimientos y tiene intereses que le estrangulan el pago del capital, esa deuda se convierte en perpetua. Pero, ojo, es una regla que rige en todo el mundo. Tomemos el caso de la primera potencia económica del mundo, los Estados Unidos, son los más endeudados del planeta, cuyos compromisos se acercan a los U$S 40 billones. ¿Cómo se explica esto? Devenga intereses equivalente a U$S 1 billón al año. En ese país existe una controversia porque se paga más en gasto público más por intereses que por el presupuesto de Defensa del Pentágono. La deuda es un condicionante total y absoluto de todo lo que pasa en la Argentina en materia financiera, económica y política.

-¿Esto quiere decir que estamos condenados a vivir en el ajuste?

-Sí. En principio, sí. Y prueba está que el ajuste impuesto a rajatablas, durante la administración Milei, es para pagar intereses de la  deuda. Todo el superávit fiscal primario se dedica a pagar intereses de la deuda. Eso conlleva una serie de injusticias, porque implica la caída de los salarios reales, medidos en términos de inflación. Lo mismo pasa con las jubilaciones o planes sociales y obras públicas suspendidas (tiene 2.000, algunas de ellas canceladas). En definitiva, es la ciudadanía, el pueblo argentino, el que paga todo esto, a partir de lo que enumeraba anteriormente. Un Gobierno dispone una política de ajuste, según el cual, los aumentos de sueldos, jubilaciones y planes sociales, tienen que ser inferiores a la inflación, fijando topes a las paritarias de los sindicatos, lo que marca contradicciones. La pregunta que nos hacemos es: ¿adónde va toda esa plata que se ahorra? A pagar intereses de la deuda. El premio de pagar intereses implica que los acreedores financieros le seguirán refinanciando la deuda. O sea, todo este esfuerzo de ajuste es para volver al mercado de créditos internacionales para volver a endeudarse. En este momento, estos U$S 5.000 millones que han sido tomados son la autorización para que la Argentina “vuelva exitosamente” a los mercados internacionales de capitales. De esa manera, el país, que está pagando en promedio entre 9% y 10% en dólares anuales, que es el doble que la tasa promedio global del bono del Tesoro de los Estados Unidos. En la realidad, las tasas son mayores porque, detrás de la deuda, se mueve un submundo de entidades, colocadores de deuda, agentes del mercado, calificadoras de riesgos e intermediarios de todo tipo que vive de este sistema. Esto no es nuevo. Hace 50 años que vivimos bajo un sistema de deuda perpetua. Arrancó con el proceso militar, bajo la gestión del entonces ministro de Economía de la Nación José Martínez de Hoz, de tener deuda financiera, no económica, para sostenimiento de las finanzas públicas y no para obras públicas, para una verdadera inversión.

-Así como el Estado necesita refinanciación, las familias argentinas requieren ese sistema para subsistir y adecuarse a la realidad económica…

-Es similar. La deuda impagable sobre el Estado deviene en un endeudamiento que ese Estado le transmite a la ciudadanía. Las tasas de interés son más altas y estamos manejados por un arbitraje entre tasas de interés y tipo de cambio, para ver qué conviene más, si comprar dólares o colocar en plazos fijos o inversiones financieras. Todo eso no revierte en un crecimiento  de la economía; al revés,  todos estos pagos condicionan aquel crecimiento. Se rompe la regla lógica que el crecimiento es el que produce las divisas para pagar las deudas. Si vive refinanciando, no tiene capacidad de repago y entonces busca salir desesperadamente. La Argentina tiene una buena perspectiva en tres sectores: el agro, hidrocarburos con Vaca Muerta y minería, con litio o cobre. Ese “boom” es sectorial, por eso se habla de una economía de dos velocidades. Hay que incluir en esa franja al financiero. El Estado renueva en promedio por licitaciones quincenales alrededor de $ 10 billones por quincena. Esto es retirar bonos viejos y entregar bonos nuevos. Y eso pagando intereses y comisiones. Eso está oculto a la opinión pública. Por eso mi interés por darle más visibilidad a esta cuestión que se observa desde hace 50 años.

-¿En qué se fundamenta el secretismo sobre la deuda pública?

- El secretismo es una manifestación del poder. El poder impone el secreto de determinados temas, de los que pueden tratarse y de los que no deben hablarse. La deuda es el tema más importante para tratar en la Argentina y, sin embargo, no está presente en la opinión pública. Y eso se explica porque el poder financiero es más fuerte que el poder político. Se juega mucho con la idea de que los problemas económicos son culpa de la clase política. Creo que es al revés, que la clase política es impotente frente al poder económico-financiero. El dinero manda sobre la economía y la economía sobre la política. Entonces, toda la clase política termina siendo un apéndice del poder financiero. La cuestión de la deuda pública nunca ha sido tratada profundamente en el Congreso. Desde la famosa sentencia de la causa Olmos hasta los distintos episodios ocurridos, el Congreso terminó convalidando todo. Durante la gestión Macri, se avaló el megapréstamo del FMI por U$S 57.000 millones pero se desembolsaron U$S 45.000 millones. Ese préstamo, además de haber sido un salvataje para su mandato, lo mismo que pasó con Milei con EEUU, fue convalidado luego por la gestión posterior. Los gobiernos pasan, pasan los signos políticos, pero la deuda queda y es convalidada por todos los gobiernos. Vamos a seguir viendo titulares que digan que el Gobierno canceló deudas, pero, en realidad, se pagó tomando deuda con otro acreedor. No hay un descenso de la deuda neta. Y en los casos que se producen bajas, son transitorios.  Por eso citaba, que ningún gobierno ha logrado bajar la deuda, pese a los discursos triunfalistas. Y, además por un problema inmediato: los acreedores presionan al Gobierno para que vuelva al mercado voluntario de crédito, para endeudarse en el exterior en moneda extranjera y con condiciones de intervención de tribunales extranjeros. El país está atado de pies y manos en materia financiera. De allí que soy muy crítico en la materia, porque mi objetivo es alertar sobre la naturaleza y alcance del problema de la deuda, que está en todos los gobiernos y que acompañará a la Argentina hasta tanto se produzca un milagro o llegue un gobierno que replantee los términos de negociación de la deuda, sino de esto no se sale nunca.

Un estudioso de la deuda externa

Héctor Luis Giuliano es licenciado en Administración, orientado profesionalmente a Organización/Sistemas y Planificación Económico-Financiera, en la actividad privada.

Especializado en temas de Geopolítica, Finanzas Públicas y Economía, durante 15 años se desempeñó como Asesor en el Congreso de la Nación. Desde la década de 1980, ha venido estudiando particularmente la Cuestión de la Deuda Pública.  Sobre éste y otros temas ha escrito numerosas notas periodísticas, confeccionado trabajos especiales, conferencias y cursillos, y grabado reportajes radiales y televisivos. Es autor del libro “Problemática de la Deuda Pública Argentina”, en 12 tomos.